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Argentina

12 de diciembre de 2014

Cáncer, agrotóxicos y poder en Córdoba

El Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA-CTA) denuncia la campana del decano de Medicina de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Gustavo Irico contra las investigaciones sobre el cáncer en los Pueblos Fumigados. El caso Monte Maíz.

Cada día que pasa los argentinos nos enteramos como se enferman, sufren y mueren los habitantes de las zonas rurales expuestas a los agrotóxicos que masivamente utilizan los “pooles” de siembra, sociedades anónimas y productores devenidos en empresarios del agronegocio.

Cada día se conoce más el vínculo directo entre esta exposición y cánceres, abortos, malformaciones y demás padecimientos que prevalecen desde la pampa húmeda hasta los territorios de campesinos y originarios del norte de Córdoba y el país, que son “intrusados” por el poder sojero con la complicidad del Estado.

En Córdoba, recientemente un equipo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) realizó un estudio sanitario en la ciudad de Monte Maíz y Martín Alonso, el Jefe Oncológico del Gobierno de De la Sota salió presuroso a negar el vínculo entre agrotóxicos y cáncer y a denostar a los investigadores independientes.

En tanto, el decano de la facultad de Ciencias Medicas, Gustavo Lisandro Irico desconoció el trabajo de tres de sus cátedras fuertemente presionados por la Facultad de Agronomía, promotora del ampliamente repudiado Convenio con la empresa Monsanto y el gobierno provincial.

Martín Alonso es el responsable del Registro de Tumores de la Provincia y mantiene sus datos ocultos a capa y espada. Sólo se conocieron datos parciales de 2003 a 2009 que confirman una diferencia notablemente mayor en cantidad de enfermos de cáncer (los cánceres no son cualquier enfermedad) en zonas extensamente fumigadas, que otras con menores niveles de exposición. por ejemplo, la ciudad de Córdoba.

Alonso es el jefe del Servicio de Oncología del Hospital Privado, y figura como responsable de al menos, cuatro pruebas de drogas oncológicas en investigaciones clínicas realizadas para los laboratorios multinacionales en pacientes cordobeses, según consta en la página del ministerio de Salud provincial (http://www.cba.gov.ar/listado-de-investigaciones-registradas/).

En estos “ensayos”, Alonso prueba estos medicamentos en experimentación en personas con cáncer de próstata y de pulmón, que previamente han sido elegidas en los sorteos de aleatorización.

Es interesante conocer que por estas humanitarias tareas la retribución de las empresas de citostáticos parte de un mínimo de 7 mil dólares por cada paciente reclutado. Para hacer algunos números, 4 ensayos con 10 enfermos de cáncer, equivalen a la cifra de 280 mil dólares para el profesional que “trafica” con la enfermedad.

Estos estudios multicéntricos son diseñados por un equipo central del laboratorio multinacional y recurren a “traficar pacientes” a través de profesionales de la medicina, cuyos ingresos se incrementan al compás de la escalada de los casos de cáncer. La ecuación económica cierra, ya que los grandes laboratorios evitan los elevadísimos costos de seguros y controles que se realizan en Estados Unidos o en Europa.

Volviendo al tema del profesional en cuestión, el doctor Alonso, además de trabajar para el Gobierno de De la Sota, lo hace además para dos laboratorios, Bionumerik y Medivation Inc., de Texas y California, respectivamente. Estos laboratorios realizan prácticas de investigación que los laboratorios de la Big Pharma, no asumen por propia cuenta.

Pero Alonso también trabaja para los laboratorios Elea y Schering; éste último adquirido por BAYER en 2007. Es harto conocido que BAYER no sólo es el laboratorio de medicamentos más grande del mundo sino que también está entre los tres productores de agrotóxicos más grandes del mundo.

Con semejantes antecedentes y “conflicto de intereses” el doctor Alonso debería estar inhibido éticamente de ser el encargado de vigilar la epidemiologia del cáncer en Córdoba. El cóctel cáncer, agrotóxicos y dinero, desacredita la objetividad científica de sus opiniones y sus impugnaciones a los profesionales que defienden la salud de la gente común.

Por otro lado el doctor Gustavo Irico, decano de Medicina en la UNC fue quien más duramente salió a amenazar a los médicos que investigan el impacto del agronegocio en la salud y el ambiente. No nos extraña, ya que Irico es la herencia política del ex decano Willington, y como él proceden de la derecha más recalcitrante del peronismo cordobés.

Una derecha que fue matriz política e ideológica que se ocupó de perseguir, torturar, exiliar y desaparecer a cientos de docentes y estudiantes de Medicina que hicieron del barrio Clínicas un mojón de resistencia y compromiso con la salud del pueblo. En aquellos años, esa derecha reaccionaria tuvo como principal referente al interventor de la UNC, Mario Menso que, junto con las tres” AAA”, comenzaron a “depurar” en 1975 toda la Facultad de Medicina y la Universidad.

Hoy Irico quiere continuar con esa cruzada aleccionadora al perseguir a los docentes que tímidamente tratan de explicar lo que pasa en la salud del interior cordobés. Para eso, cuenta con todo el apoyo de la facultad de Agronomía (o Facultad de Monsanto como la conocen los estudiantes de la UNC) y ha tomado todos los argumentos que utilizan los agrónomos del agronegocio desconociendo una certeza fundamental: producen alimentos en base a agrovenenos.

Irico es un conspicuo delasotista, de hecho su nombre se mencionó en la última reorganización del gabinete provincial, pero el decano pretende mucho más, ambiciona el ministerio de Salud de la Nación, para eso participa de los equipos técnicos del Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.

Delasotismo o kirchnerismo no ofrecen diferencias sustanciales para Irico como tampoco lo son para Monsanto. En su marcha ascendente desde el decanato hacia la cima del poder, le resulta inadmisible que un equipo de su propia Facultad ponga en evidencia el carácter genocida y envenenador del modelo agrícola hegemónico.

Monte Maíz presenta índices de cáncer alarmantes, como muchos otros pueblos fumigados. En el centro de la población una enorme planta de acopio de Aceitera General Deheza (AGD) inunda el pueblo de cascarilla de maíz y pelecha de soja, cargada de pesticidas. El Decano de Medicina hace lo imposible para que esa planta siga ahí y el municipio se vea impedido de exigir el traslado de AGD.

Unos por dinero y otros por poder. La codicia y la ambición esconden el dolor y la muerte de muchos inocentes en nuestro país. Y nuevamente sufrimos las mismas prácticas históricas de la derecha, primero desacreditar, luego acallar, perseguir y reprimir. Siempre defender los intereses del poder. El cáncer no importa.

Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA-CTA)