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Tauccamarca

El Comercio (Perú), 6 de mayo de 2007

CUSCO. A más de siete años de la intoxicación masiva

Sobrevivientes de Tauccamarca en pos de justicia y las promesas incumplidas

A sus 17 años, Robert se olvidó de recordar. Parece inmune al dolor. César, en cambio, tiene 15 años y aún suele sonreír, pese a que en su memoria golpean los recuerdos: hace siete años y medio ambos vieron cómo iban cayendo al suelo, uno a uno, 24 de sus compañeros, después de ingerir una mortal combinación de agua, leche y plaguicida.
"Fue un día triste", comenta el menor de los muchachos y se calla. A su costado, Robert pierde la mirada en el horizonte verde, prefiere olvidar, aunque sabe que eso es imposible. Respira hondo y revive en silencio aquella mañana del 22 de octubre de 1999. Esa en la que dos de sus hermanos perdieron la vida.
Lo observan Yesella (13) y Agustina (15). La profesora Ana Soledad Quispe conversa con ellas y tras varios intentos logra que articulen algunas frases. "Fue como a las 11 de la mañana, los chicos jugaban fútbol, de pronto vino el dolor y se comenzaron a revolcar en el suelo. Todo el mundo gritaba, después todo fue triste. No recuerdo más", sostienen intercaladamente.
Su maestra se disculpa por ellas diciendo que son introvertidas, como todos los 18 menores que sobrevivieron, como todo el pueblo, desde aquel fatídico día en el centro educativo 50794, en el cual la mitad de la población infantil de Tauccamarca murió.
"Ya nada es igual y dudamos de que algún día lo sea", sentencia Victoriano Huarayo, padre de Fredey y Héctor, sus dos pequeños de 8 y 12 años, que fallecieron después de tomar el desayuno que ese entonces proporcionaba Foncodes. También es papá de Robert.
"Mi hijo chiquito (Fredey) fue el primero en morir. No aguantó más de 12 minutos. Tratamos de llevarlo a la posta de Huasac, pero ya estaba muerto, porque está media hora de camino", recuerda y se le parte la voz. Al igual que él, otra decena de padres regresaron de sus chacras desesperados en busca de sus pequeños, pero todo estaba consumado.
Al principio, Mario Flores, presidente de la comunidad, no quiere hablar. Está a los pies de la tumba de uno de los niños. "Aquella tragedia nos golpeó y nos convirtió en el centro de la noticia. Vinieron de todos lados y nos vieron llorar. Nos ofrecieron tantas cosas y ya ve cómo estamos. Han pasado casi ocho años y aún seguimos en juicio pidiendo que se sancione a los responsables", afirma indignado.
Los 18 sobrevivientes, ahora jóvenes, siguen jugando y se pierden entre las cruces de las tumbas de sus hermanos y amigos, entre los recuerdos de un pasado que no quieren evocar.

TODO SIGUE IGUAL
El poblado de Tauccamarca, en el distrito de Cay Cai, provincia de Paucartambo, poco ha cambiado desde aquel trágico día. Las calles siguen sin asfaltar, no tienen teléfono y la antena parabólica --que alguien del gobierno de entonces les ofreció-- aún no llega. Si tienen una emergencia, como la de octubre de 1999, los afectados deben bajar hasta Huasac, el poblado más cercano, a media hora de caminata.
De las promesas que hicieran las autoridades y aquellos que llegaron con sus organizaciones solidarias solo se concretó la construcción de la trocha carrozable que une Tauccamarca y Huasac. Nada más. El resto quedó en el olvido. Eso le quedó claro a la alcaldesa de Cay Cai, Ortensia Cuadros, cuando visitó el despacho de Eliane Karp, entonces primera dama de la Nación, en el 2003. Dice que en esa oportunidad le dijeron: "¿Nosotros te ofrecimos algo? Reclámales a los que te prometieron que pondrían teléfono y antena parabólica".
Los pobladores ya no esperan nada. Solo quieren que se haga justicia. No piden más. Hace dos semanas viajaron a Lima citados por el Séptimo Juzgado Civil para participar en una audiencia de conciliación con los responsables de la tragedia.
A la cita debían acudir la empresa Bayer, fabricante del plaguicida que consumieron sus hijos y cuya venta estaba (y está) prohibida en el mercado; el Ministerio de Agricultura, que permitió que se comercializara esa sustancia tóxica; y el Ministerio de Salud, cuyos centros en la región no tenían ni medicinas ni el personal médico que hubieran podido salvar a los 24 menores.
Con la esperanza de buenas noticias, los campesinos dejaron sus tierras durante 15 días. Al llegar a la capital, ya en la ventanilla de la Corte Superior de Lima, les indicaron que la audiencia se había cancelado. Tres días de viaje para nada.
Solo se les informó que el Ministerio de Agricultura ha pedido que en el proceso se incluya al profesor Isaac Villena, quien repartió el desayuno mortal.

PALABRA DE PROFESOR
"No es justo que se haya culpado al profesor Isaac Villena de aquellos hechos. Él no tuvo la culpa. Qué fácil es hacer justicia en Lima", indica Victoriano, visiblemente indignado.
En su vivienda a muchos kilómetros de Tauccamarca, en la localidad de Pitucancha, el profesor Villena revive lo ocurrido y se defiende diciendo que él jamás hubiera sido capaz de asesinar a quienes consideraba sus hijos.
"Fue un accidente. Yo estaba de vacaciones y cuando regresé ordené que se hiciera el desayuno como todos los días, pero no sabía que se había utilizado la olla para preparar el plaguicida", sostiene desconsolado.
Por lo ocurrido, Villena estuvo preso un mes y fue condenado a pagar una indemnización de 260.000 soles, que cancela mensualmente abonando 50 soles de su sueldo. También debió cumplir dos mil horas de servicio comunitario.
El resto de los responsables sigue postergando el inicio del juicio civil con el que los deudos buscan la indemnización de los 24 pequeños que se fueron y de los otros 18 menores que aún lloran la tragedia.

Una demanda de nunca empezar
La demanda civil que los padres de los 24 menores fallecidos y 18 sobrevivientes han entablado contra los responsables de la tragedia no tiene cuándo empezar. La audiencia de conciliación en Lima se canceló y no tiene nueva fecha.
Según el ingeniero Luis Gomero, director de la Red de Acción en Alternativas al Uso de Agroquímicos (RAAA), que brinda asesoría legal a los deudos de Tauccamarca, la demanda civil plantea una indemnización de un millón de dólares por víctima. Es decir, 42 millones de dólares por todos los afectados.
Además, los deudos esperan que el Estado tenga presencia en el poblado, en el que se sigue esperando la posta que pudo haberles salvado la vida a muchos pequeños.
Gomero llamó la atención sobre el escaso control en las ferias agrícolas de las zonas altoandinas del país donde se venden pesticidas prohibidos.
Por Renzo Guerrero de Luna